La Ley de Vivienda se le atasca al Gobierno por los desacuerdos entre PSOE y Podemos

La Ley de Vivienda lleva atascada casi un año por los desacuerdos entre PSOE y Podemos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha elaborado un borrador, para someterlo a votación en el Congreso, que incluye algunas modificaciones del proyecto de ley, como la prohibición de los desahucios para familias vulnerables. Además de esto, sigue habiendo diferentes desavenencias en lo referido a la ley entre los socios de Gobierno, relacionadas con la posible limitación del precio de los alquileres para los nuevos contratos o la definición de gran tenedor.

La Ley de Vivienda debía haberse aprobado el año pasado, pero sigue pendiente del beneplácito de las Cortes. Por ello, el Gobierno está intentando acelerar al máximo el proceso, llegar a un acuerdo y cerrar lo antes posible todas las enmiendas para que el anteproyecto de ley reciba luz verde definitiva. Puesto que se trata de una de sus medidas estrellas y aún tiene muchos puntos en el aire, según fuentes cercanas a las negociaciones.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado esta misma semana en un encuentro con varios medios que el Gobierno aún se encuentra negociando algunas medidas de la ley y que se han encontrado con diferentes líneas rojas. «Dijimos que queríamos aprobar una ley que no tuviera grietas jurídicas, que nos diera máxima seguridad para que luego no se viera llena o rodeada de numerosos recursos judiciales que pudieran hacer debilitar esa eficacia que pretendemos de la ley», dijo en medio de la polémica que ha suscitado la Ley del sólo sí es sí, que ha provocado una oleada de reducciones de las penas de varios condenados por agresiones sexuales.

Otro de los problemas que presenta la Ley de Vivienda es que tiene que respetar competencias de las comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad en dicha materia. En este sentido, el anteproyecto de ley establece que son las comunidades las que tienen que declarar las zonas tensionadas, aquellas donde los precios de los alquileres estén disparados y donde se puede establecer un control de rentas en función de un índice aún no se sabe cómo se va a elaborar. Este control sólo se aplicaría a los grandes tenedores y son los diferentes Gobiernos de las comunidades autónomas las que decidirán si aplican la normativa o no; por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha confirmado que no lo hará.

Gran tenedor

Mientras que el último problema que ha surgido dentro de las negociaciones de la Ley de Vivienda es la definición de gran tenedor. El anteproyecto de ley establece que el gran tenedor es la persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.

Sin embargo, el número de inmuebles para ser considerado gran tenedor podría bajar. Pese a que todavía no se conoce la cifra que quiere establecer el Gobierno, este asunto ya está creando nuevas polémicas entre el PSOE y Podemos.

En contra

El Banco de España cree que algunas medidas incluidas en el proyecto de Ley de Vivienda, como el control de los precios de alquiler, las ayudas a los jóvenes y las modificaciones de los beneficios fiscales para los arrendadores «podrían no tener el efecto deseado». Además, el regulador critica que la ley «no contemple algunas actuaciones que podrían suponer un impulso estructural significativo de la oferta de vivienda en régimen de alquiler».

En su informe anual correspondiente a 2021, el Banco de España explica que el control del precio de las rentas podría causar el efecto contrario al deseado. «Las políticas de control de rentas pueden ser efectivas para moderar a corto plazo el precio de los alquileres en los segmentos regulados, pero, al mismo tiempo, pueden causar aumentos de los precios del alquiler de vivienda en los segmentos no regulados del mercado», dice.